Una guerra no pronosticada

Apenas concluyó la Segunda Guerra del Líbano, los analistas políticos y militares dieron un marco de altas posibilidades a los pronósticos que preveían una nueva guerra para el presente verano.

Efectivamente así fue; llegó el verano y se desató la guerra.

No, no estoy equivocado. Yo sé que Hesbollah no disparó ningún misil ni tampoco secuestró más soldados. El frente con los palestinos sigue al mismo ritmo de los últimos años y también los sirios, aunque con declaraciones ambiguas, están relativamente tranquilos.

¿De que guerra estoy hablando entonces? De la que desató el ministro de Justicia, Prof. Daniel Friedman contra el sistema judicial en general, y el Tribunal Supremo de Justicia, en especial.

A los pocos meses de entrar en funciones, el nuevo ministro tomó una serie de decisiones, cuyos objetivos básicos eran modificar drásticamente el funcionamiento, la posición y la importancia del poder judicial y del Tribunal Superior de Justicia dentro del sistema democrático de Israel.

Friedman, a diferencia de todo el resto del gabinete, fue designado personalmente por el primer ministro Olmert, y a igual que el ministro de Defensa, Ehud Barak, no es miembro de la Knésset. El Prof. Friedman carece de antecedentes políticos y fue nombrado ministro tras una serie de artículos donde expresó severas críticas en contra del denominado “activismo judicial” llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia bajo la conducción de su anterior Presidente, el juez Aharón Barak.

No entraré en los detalles de cada una de las batallas de esta guerra, ni de las estrategias, tácticas, ataques y defensas específicos. Eso demanda un amplio conocimiento del orden político, judicial e institucional que es muy difícil de detallar en pocas líneas.

Es muy generalizado catalogar a Israel como la única democracia en el Medio Oriente. Particularmente, considero a esa expresión más una consigna que la conclusión de un análisis serio, aunque es evidente que el juego democrático en Israel es más notorio que en los países vecinos. De todas maneras, toda referencia sobre el tema no puede dejar pasar por alto dos serias y significativas carencias en la denominada democracia israelí.

La primera se refiere a la falta de una total división clara de poderes. Ya es una costumbre que prácticamente todo el poder ejecutivo forma parte del poder legislativo. Enumerando ministros y vice-ministros, esta participación puede alcanzar casi un 30% del Parlamento. En otras palabras, se requiere movilizar muy pocos votos de diputados de la coalición – que no sean miembros del gobierno – para evitar que cualquier mosión de desconfianza en contra del mismo progese, o también para apoyar cualquier iniciativa gubernamental.

La segunda se refiere a que no existe una Constitución que proteja los derechos básicos de los habitantes. Sin entrar en detalles, vale mencionar que el motivo principal de la falta de una Carta Magna, se debe a un desacuerdo permanente con los sectores religiosos, los cuales no están dispuestos a aceptar que los principios básicos del orden institucional emanan de valores democráticos universalmente reconocidos y no de principios teológicos.

Ante la situación de un poder ejecutivo que de por sí representa el 30% del poder legislativo, y sin ninguna limitación basada en derechos universales, se podría llegar al absurdo de dictar leyes totalmente retrógradas, sin ninguna posibilidad de revocarlas.

Es justamente en ese vacío donde se situó el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos veinte años. Bajo el lema de “activismo judicial”, llegó a crear un mecanismo de balance, mediante el cual se determina en forma estricta cuales son los límites de defensa de los derechos individuales que el poder central no puede pasar por alto. Este marco legal existente le permite, incluso, dejar sin efectos leyes o decisiones tomadas por el Gobierno si éstas, a su criterio, violan derechos básicos de ciudadanos o habitantes, o tratan de decisiones en clara discordancia con derechos universalmente reconocidos.

Esta posibilidad de defensa es accesible a cualquier ciudadano y es conocida con el nombre de Bagatz *

Los grandes avances de los últimos años en las relaciones – cada vez más íntimas – entre el poder central y los grandes capitales son de conocimiento público. Los políticos de los partidos mayoritarios, los altos jefes militares, los sectores allegados al poder, generalmente representados por renombrados abogados, no ven con mucho agrado este intervencionismo del Tribunal Supremo de Justicia. El ministro Daniel Friedman se propuso llevar adelante un programa para recortar sus alas, deteriorar su imagen actual y, en la práctica, limitar su efectividad.

No cabe duda que si el ministro de Justicia logra su objetivo, el Tribunal Supremo perderá su posición privilegiada de último baluarte de defensa de los derechos ciudadanos básicos. Desde ese momento, Israel ya no será el mismo que conocimos.

Nosotros, los argentinos, tenemos la ventaja de saber muy bien lo que representa un sistema judicial servil al poder central y a sus allegados, dándoles la espalda a los ciudadanos comunes. En Israel todavía no tomaron conciencia de la idea que esos juegos nos pueden arrastrar a catástrofes sociales que pueden desmoronar al país.

Ojala me equivoque…

* Bagatz: siglas en hebreo de Tibunal Supremo de Justicia.

 

Fuente: Daniel Kupervaser

19/08/2007

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