Cristalino como el vino, el montañoso aire de Jerusalén esculpió el porte de un hermoso galán levantino en el cuerpo del ciudadano Sabbar Kashur. Sus recientes 30 años de edad, su apodo bien israelí “Dudu”, su llamativa presencia y un floreado lenguaje de un moderno hebreo, lo convirtieron, aparentemente, en un atractivo donjuán con alto poder de seducción al sexo femenino.

Una joven, también como Dudu, residente de la ciudad santa, cayó embelesada de los encantos de este galán tal que las interesantes charlas y profundas miradas finalizaron, bajo consentimiento mutuo, en las sabanas de un motel céntrico. El placer no perduró más que ese fugaz encuentro. Todos los idílicos sueños de esta joven judía se desmoronaron como castillo de naipes en el momento que Dudu le confesó que no era soltero, sino casado, y, dios me perdone, árabe y no judío como aparentaba y había asegurado.

El engaño y la decepción enardecieron el odio y empujaron a la joven a presentar una denuncia en la policía. Ante la sorpresa, Dudu fue detenido y procesado bajo el cargo de “violación” y “acoso sexual”. El Tribunal del Distrito de Jerusalén ha considerado a Sabbar Kashur culpable de violar a una mujer judía y lo sentenció a año y medio de cárcel  al entender que, pese a que la relación fue consentida, el consentimiento se obtuvo con engaños y falsedades y, por lo tanto, no tuvo validez. “El tribunal está obligado a proteger el interés público de criminales sofisticados y zalameros que pueden engañar a víctimas inocentes a un precio insoportable – la santidad de sus cuerpos y almas” determinaron los jueces (1)

Está claro que en este caso el engaño de soltería no tiene significado alguno. De ser verdad, no sería exagerado evaluar que triplicando la capacidad de las cárceles de Israel, aun habría una sobrepoblación de violadores judíos. La gota que colmó el vaso fue esconder su condición de árabe.

Con toda su experiencia y conocimiento, Dudu no tuvo la precaución de prestar atención la clara dirección racista y discriminatoria que se acentúa persistentemente en la sociedad israelí de los últimos años, muy especialmente en lo que se refiere a relaciones potenciales entre hombres y mujeres de distintas pertenencias étnicas.

Sin entrar en detalles vale la pena informar que en el mes de febrero de este año la Municipalidad de Tel Aviv presupuestó un monto considerable para un plan de ayuda a mujeres jóvenes con dificultades de inserción social. El objetivo declarado es evitar que decenas de estas jóvenes del sur de Tel Aviv se vinculen a jóvenes árabes y a trabajadores extranjeros. (2). Para vincularse a mafiosos y tratantes judíos de mujeres, que los hay de sobra, no hay problema ni se requieren presupuestos para evitarlo.

Tampoco se debe pasar por alto las actividades de la veterana y conocida Organización “Yad le Hajim (Monumento a los hermanos). Un aspecto central de su actividad y sus típicos y temerosos métodos están relacionados con su permanente confrontación al comportamiento que denominan “asimilación”. El objetivo central es salvar las almas judías de toda influencia extraña. “Se trata de un fenómeno de un creciente número de jovencitas y mujeres que “salen”, y en muchos casos hasta llegan a contraer matrimonio con árabes u otras minorías. El Departamento de Salvamento de la Asimilación opera por distintos medios, muchas veces peligrosos, para salvar estas jóvenes y mujeres hasta llegar a operativos de salvación en aldeas enemigas” (3).

No cabe duda que la decisión del Tribunal del Distrito Jerusalén en el caso de Dudu fue el resultado de la influencia acumulada de esos vientos ideológicos fundamentalistas que cada día se generalizan en el Estado Judío de Israel. Los jueces solo agregaron unos ladrillos más en la construcción y preservación de la concepción de la raza judía superior.

Daniel Kupervaser

Herzlya – Israel

22-7-2010   

(1) “Un árabe irá a prisión por mentir sobre su religión”. Adn.es 20-7-2010

(2) “Tel Aviv inicia un plan para evitar relaciones entre judías y miembros de minorías” Moria Ben Iosef, Diario Zman Tel Aviv, 23-2-2010

(3) www.yadleachim.co.il

Nadie como Mijal Ziser para detestar la llegada del otoño. Aquel del año 2003 fue muy trágico y despiadado con ella y su familia. La imprudencia de unos y la negligencia de otros arrebataron de este mundo la vida de su tierno y frágil hijo Avishai, nacido tan solo unos pocos meses antes.

El otoño de 2009 no es tan trágico, pero si mucho más cruel y desalmado. Mijal Ziser, atónita y estupefacta es testigo de la traición de su Estado que en vez de ser la institución que mayor amparo le brinda, los políticos y el gobierno se preocupan en proteger impunemente aquellos que en ejercicio de sus funciones debieron haber evitado la desgracia de la muerte de su hijo.

En aquel otoño del año 2003, lamentablemente, Mijal Ziser no fue la única víctima de la despreocupación y la irresponsabilidad. Otras dos familias perdieron para siempre sus niños de pocos meses de edad mientras que decenas de familias vieron a sus bebes sufrir y debatirse entre la vida y la muerte hasta que se convirtieron en inválidos y dependientes de por vida.

Gracias a la dedicación sin descanso y la astucia de la Doctora Aviva Fatael del Centro Médico Tel Aviv, se pudo descubrir que el origen del extraño y mortífero fenómeno que atacó despiadadamente a numerosos bebes de meses de vida se originó en la falta de un componente crítico de un suplemento alimenticio cuya composición es controlada y autorizada por el Ministerio de Salud Nacional.

La respuesta inicial de los agentes implicados merece una mención especial pues da una verdadera imagen de lo que cada uno interpreta como su competencia y deberes y demuestra el coraje de enfrentar situaciones difíciles. La empresa israelí que importa y comercializa el producto se lavó inmediatamente las manos transfiriendo la culpa al fabricante de Alemania. Las autoridades oficiales del Ministerio de Salud Nacional, quienes autorizaron la venta del producto sin tomar las debidas precauciones, descargaron la responsabilidad sobre la empresa importadora. Solo cabe mencionar la entereza y valentía de la empresa alemana cuyos directivos reconocieron públicamente su responsabilidad en los hechos. Qué diferencia!!!

Tras la investigación pertinente por parte de la policía y la intervención de la fiscalía, meses atrás dio comienzo el juicio penal contra directivos de la empresa importadora y funcionarios responsables de control y autorización en la comercialización de medicamentos y suplementos alimenticios del Ministerio de Salud Nacional.

En el presente mes de octubre, con el inicio del otoño del 2009, tanto Mijal Ziser como todos aquellos que nos preocupamos por un estado de derecho, fuimos sorpresivamente informados de una grosera intervención del poder ejecutivo y legislativo en los procesos que lleva a cabo el poder judicial. La información difundida confirma que el parlamento está discutiendo y probablemente apruebe en poco tiempo, el proyecto de ley que deslinda toda responsabilidad penal e impide todo enjuiciamiento de aquellos funcionarios públicos encargados de todo control que originalmente puedan haber sido enjuiciados por imprudencia o negligencia, no importa el daño que pudiesen haber causado o evitado.

La iniciativa no es de un parlamentario sonámbulo que está tramando una artimaña para publicitarse. El proyecto tiene el apoyo del Gobierno Nacional y surgió del mismísimo Ministerio de Salud Nacional, la autoridad máxima responsable de la salud que casualmente está en manos de un ministro perteneciente a la corriente religiosa ortodoxa judía que curiosamente se jactan de representar ante todo los valores del judaísmo. El Estado demuestra que perdió toda sensibilidad por la vida y la esencia humana y no manifiesta vergüenza alguna en legalizar la impunidad de sus agentes, inclusive para los casos que pudiesen causar o evitar la muerte de inocentes.

Llamaría mucho la atención si dirigentes judíos de todo el mundo que tanto luchan, con toda la razón, en contra de los intentos de impunidad en el atentado de AMIA en Buenos Aires, se desentiendan ante un grosero y similar proyecto oficial destinado a proteger transgresores de Israel, a la que tanto acostumbran alabar y apoyar.

¿O será que distinguen entre las víctimas y los inculpados?

Ojala me equivoque

 Daniel Kupervaser

Herzlya – Israel  29-10-09

http://daniel.kupervaser.com/blog/

Admiradores y simpatizantes de Israel elogian reiteradamente sus aspectos institucionales tildándola como la única democracia del medio oriente a la par que enaltecen la justicia israelí como ejemplo de ecuanimidad e imparcialidad. Para Marcos Aguinis, la justicia de Israel… “figura entre las más confiables del planeta”… y que “es un elemento axial de la vida comunitaria que los judíos aprendimos a valorar desde la antigüedad más remota”. (1)

 

Lamentablemente, la realidad es muy defraudadora y en “ciertos casos”  muy distanciada del sueño de hadas de Aguinis.

 

Hoy, domingo 7 de junio del año 2009, tras cuatro años de investigación, la Fiscalía del Estado de Israel acusa a 12 ciudadanos árabes de la ciudad de Shpharam de ser participes del linche de Eden Natan Zada. Este simple y rutinario trámite jurídico pasaría desapercibido en cualquier sistema judicial ordenado, salvo en Israel.

 

Con hechos vinculados al trasfondo del conflicto con los palestinos y con implicados árabes y judíos, en repetidas ocasiones el sistema suele retorcer la justicia y la semántica de información. Un ejercicio de refrescar la memoria puede exponer muy bien el comportamiento.

 

He aquí un caso típico. Una mujer se encuentra ante la necesidad de llevar a cabo un trámite o una visita lo cual le exige franquear un sitio donde se efectúa un control de seguridad, tanto por medios electrónicos como por medio de revisación e interrogatorio de los guardias. La necesidad de repetir periódicamente este trámite junto a las tensiones diarias exaspera sus nervios hasta que decide reaccionar violentamente. En el momento en que los centinelas se acercan a revisarla, desenvaina una botella de su cartera y esparce su contenido de ácido causando heridas a los guardias.

 

En realidad no se trata de un caso, sino de dos casos casi idénticos aunque diferenciados uno del otro, tanto por el tiempo: dos semanas, como por el entorno geográfico: unos pocos kilómetros. Así informaron los medios:

 

“Una terrorista derramó ácido en la cara de un soldado en un puesto de control”     

 

“Un soldado fue herido leve a medianamente debido a que una terrorista palestina derramó ácido sobre su cara en el puesto de control Jawara al lado de la ciudad de Nablus. La terrorista ingresó en la sección de paso humanitario destinado a mujeres, niños, mayores y casos urgentes y vació el contenido de acido sobre la cara del soldado a distancia de unos pocos metros. El soldado fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico y la terrorista fue detenida por las fuerzas de seguridad. El ejército informó que se trata de la misma terrorista que dos semanas atrás trató de hacer el mismo acto terrorista en el mismo sitio, salvo que en esa oportunidad se escapó”. (2)

 

Dos semanas más tarde informa el mismo diario: “Una desempleada atacó guardias con ácido”

 

“Dos guardias y un funcionario del Servicio Ocupacional fueron heridos, uno de ellos gravemente, cuando una mujer desempleada que se dirigía a dicho Servicio en la ciudad de Haifa derramó ácido sobre ellos. Según el director del Servicio, la mujer llegó a las oficinas y desenvainó de su cartera una botella con ácido para vaciarla sobre un funcionario. Dos guardias trataron de evitarlo y fueron heridos. Uno de ellos esta internado en estado grave en el hospital Karmel. Esta desempleada ya en el pasado se comportó violentamente y por ese motivo los guardias la siguieron de cerca”. (3)

 

No se informó de los consecuentes procesos judiciales, pero no seria descabellado suponer que la “desempleada” de Haifa esté recibiendo tratamiento psiquiátrico o cumpliendo una leve pena de servicio a la comunidad. La “terrorista palestina” seguramente disfrutará de unos largos años de prisión militar. 

No es el único caso. He aquí uno más y un ejemplo de cómo la redacción informativa puede llegar a influir en la forma de actuar del poder central.

 

“Activista de extrema derecha disparó y asesinó 4 en un ómnibus”

 

“Eden Natan Zada, desertor del ejército, vestido de soldado, abrió fuego dentro del ómnibus 165 en un barrio de la aldea Shpharam (aldea árabe israelí). Como consecuencia de los disparos murieron cuatro personas y otros nueve quedaron heridos. En la zona del atentado estalló una revuelta con miles de personas que se concentraron arrojando piedras y botellas al ómnibus. Algunos manifestantes exaltados que lograron penetrar en el ómnibus llevaron a cabo un linche con el asesino. Solo después de cuatro horas la policía logró evacuar dentro de un jeep al cuerpo del asesino muerto”. (4) 

 

Tres años más tarde se informa: “Atentado de atropellamiento en Jerusalén: 17 personas heridas”.

 

“Un terrorista que conducía un vehículo atropelló transeúntes en la plaza Tzahal de la ciudad capital. Diecisiete personas, la mayoría soldados que estaban de paseo, resultaron heridos en el atentado. Un oficial del ejército que estaba con el grupo de soldados disparó y mató al terrorista que se había incrustado en una pared”. (5)

 

Cuántas coincidencias, cuánta proximidad, cuánta similitud en los hechos y cuán profundo el uso de estereotipos según el origen étnico de la victima o el promotor del crimen.  

 

Para la primera situación, lo que en Haifa es una aparentemente inofensiva  “mujer“, en el control Jawara dan a entender que se trata de una amenazante y peligrosa “palestina“  y para dar un sentido de la profesión, en Haifa se trató de una simple y vulgar “desempleada” en tanto que en Jawara ya la tildaron de osada e intrépida “terrorista“. Catalogar el acto es también motivo para adjudicar etiqueta: en Haifa trasmiten la impresión de un criticable y deshonesto “acto de comportamiento violento“, en tanto para Jawara la misma actitud recibe una connotación de aterrador y espantoso “acto terrorista“. 

 

Para la segunda situación, en Shpharam, actuó un “activista de extrema derecha” o “un desertor del ejército” mientras que Jerusalén fue testigo de hechos motivados por un “terrorista” palestino. Respecto de las personas que reaccionaron a los hechos se percibe un trato muy similar. En Shpharam, con 4 muertos, se los catalogó como “manifestantes exaltados” en tanto que en Jerusalén, con heridos solamente, recibió la etiqueta de “un oficial del ejercito“. Catalogar la reacción es realmente una obra maestra de información. Mientras que en Jerusalén el soldado “disparó y mató” al conductor que estaba dentro del auto incrustado en la pared, en Shpharam los manifestantes exaltados llevaron a cabo “un linche haciendo ilegalmente justicia por sus propias manos”.

 

En este caso el uso intencional de estereotipos y etiquetas trajo como consecuencia que las autoridades actúen en forma muy condicionada y totalmente distinta de un caso al otro. Para el caso de Shpharam, como se informó, la policía lleva a juicio criminal a un grupo de árabes con el cargo de ser participes de un linche y de haber hecho justicia por sus propias manos.

 

Por el contrario, el oficial israelí que disparó y mató al conductor dentro del vehiculo e incrustado en la pared fue condecorado y agasajado por los mandos del ejército y la opinión publica por el alto grado de valentía y liderazgo que tomó en momentos críticos.

 

El concepto de justicia hacia los verdaderos criminales de los hechos es una obra de arte de equidad judía. La sociedad israelí no es capaz de conformarse con la muerte del criminal conductor y demanda cobrar precio de venganza y represalia que lo debe soportar tanto su familia como su casa que el ministro de defensa tanto quiere demoler, así como ya demolieron la casa de otro conductor de tractor palestino que fue aniquilado cuando causó la muerte de inocentes transeúntes en Jerusalén. La casa de Eden Natan Zada sigue y seguirá intacta, al igual que la casa del Dr. Baruj Goldshtein que asesinó a 29 palestinos inocentes que estaban rezando en la mezquita de Hebron en el año 1994, o la casa de Ygael Amir que asesinó al primer ministro Rabín.      

 

 

 

(1) Marcos Aguinis: “El orgullo de ser judío” Conferencia en la Universidad de Tel

     Aviv 15-5-08.

(2) Diario Haaretz, 23-9-08  

(3) Diario Haaretz, 7-10-08

(4) Sitio Ynet del diario Yediot Haharonot: 4-8-05

(5) Sitio Ynet del diario Yediot Haharonot: 23-9-08

Rebobinemos el pasado, Abril de 2002, en una colina a una altura de 748 metros por sobre el nivel del mar, a unos 12 kilómetros al norte de Jerusalén, con una hermosa vista panorámica a la capital de Israel hacia el sur y al valle del río Jordán hacia el oriente. El paraíso en el centro de Cisjordania.

 

Los acontecimientos que se sucederán sobre esa colina desde esa fecha en más son un claro reflejo y ejemplo del desmoronamiento del orden institucional democrático y de derecho de Israel, especialmente en la zona de Cisjordania.

 

Un coronel de tzahal, el ejercito de Israel, comandante de la brigada con control de la zona, declara: ” Migrón aparece en la zona unos días antes del operativo “La Valla de Defensa” en el mes de Abril 2002. En principio, se presentó una solicitud (por parte de pobladores judíos de Cisjordania, DK)  para erigir una antena de telefonía celular sobre la cima de la colina. Estamos hablando del período de terribles atentados criminales en todo el país. Tzahal no podía refutar tal solicitud cuyo objetivo es mejorar las comunicaciones civiles en la zona, en especial en situaciones de emergencia por atentados con victimas, y, todo eso, a pesar que el terreno de que se mencionaba en la solicitud era de propiedad palestina privada. En el lugar se instalaron 5 casas rodantes para cuidar la antena y así se comienza a poblar el asentamiento Migrón” (1)

 

Estamos delante de una de las constancias claras de cómo un alto mando expone en forma detallada y precisa la manera cómo el ejército de Israel esta subyugado a los pobladores judíos de los asentamientos de Cisjordania en llevar a la práctica sus planes de apropiación máxima de tierras palestinas.

 

A fines de la guerra de los 6 días en el año 1967, Israel declaró a los territorios de Cisjordania bajo su control militar. Ante tal situación, el comandante militar local es la máxima autoridad y su función se restringe única y exclusivamente al control del orden público y protección de toda la población de manera que permita una actividad normal. Le esta expresamente prohibido actuar directa o indirectamente para provocar emigración o inmigración de población de todo tipo. Por más que todos los gobiernos de Israel no lo quisieron reconocer, así como lo reconoce la gran mayoría de los países del mundo, entre ellos Estados Unidos de América, los asentamientos judíos en Cisjordania son una clara vulneración de las normas internacionales del caso.

 

Si la situación general de seguridad en la zona es preocupante y existen serias limitaciones de comunicaciones, la responsabilidad de solucionar esos problemas cae sobre la misma autoridad militar quien debe dar soluciones a toda la población y no a una parte de ella.  Si el origen de la actividad subversiva se la puede relacionar a sectores determinados de la población, esta autoridad debe actuar con toda su fuerza en contra de ellos. El hecho de aprovechar la oportunidad para que un sector usurpe tierras del otro bajo su protección no es mas que una coartada de sus verdaderas intenciones, esta totalmente alejado de todo móvil de orden y seguridad y no es mas que una seria trasgresión de la misión que le fue otorgada.

 

Pero la tragedia de Migrón no baja el telón con este Coronel que se tapa un ojo para no ver lo que esta sucediendo en la famosa colina y guiña el otro aprobando los hechos con su silencio y pasividad. Los pobladores de Migrón, junto con las instituciones de colonización judía que actúan en Cisjordania, tienen sometidos no solo al ejército sino también a una amplia gama de funcionarios gubernamentales importantes, especialmente aquellos que controlan cuantiosos presupuestos.

 

Pese a tratarse de una poblado inexistente legalmente, que el gobierno no tomó ninguna decisión al respecto, que en su mayoría fue levantado sobre tierras palestinas privadas y usurpadas de sus legítimos dueños, los ministerios y oficinas publicas comenzaron a derramar presupuestos que cualquier otra población sueña con recibir al menos una parte.

 

Carretera asfaltada de la empresa nacional de caminos, edificios públicos del ministerio de obras públicas, puestos de guardia del ejército, agua de Mekorot (empresa nacional de agua), electricidad de la empresa nacional de electricidad, teléfonos de Bezeq (empresa nacional de teléfonos), etc, etc. Hoy en día habitan Migrón 54 familias con más de 100 niños. Un poco más de 200 habitantes.

 

Ante la presión de los americanos, hacia fines del año 2004, el Primer Ministro Sharon nombra a Talia Sason, jurisconsulto del Ministerio de Justicia de Israel, para que investigue y redacte un informe sobre  los asentamientos judíos considerados ilegales en Cisjordania. La investigación concluye en el año 2005 y se elabora un informe que expone en forma clara todas las artimañas y subterfugios que los pobladores e instituciones de los asentamientos judíos de Cisjordania hacían gala. De la misma manera, se hace pública la colaboración de  muchas de las instituciones oficiales y ministros en transgredir leyes y llevar adelante planes por detrás de decisiones gubernamentales o instrucciones de los organismos pertinentes.

 

Aquí llegamos al momento en que la tragedia se convierte en sainete. El gobierno de Israel promete a los americanos que va a desmantelar todas las poblaciones ilegales en Cisjordania, entre ellas Migrón, la más simbólica. Pero nuestros dirigentes políticos apenas regresan de su viaje por América se dan cuenta que no son capaces de mover un solo ladrillo. Repentinamente la realidad les da una cachetada y les muestra su impotencia de actuar y hasta cuanto están cautivos y dominados por la población judía de Cisjordania. En este sentido no hay diferencia de partidos políticos. Los hay quienes demuestran su publico apoyo y hasta aquellos que su tartamudeo político lo único que demuestra es impotencia e incapacidad.

 

La trama se complica severamente cuando en septiembre del año 2006 los propietarios palestinos de parte de los terrenos sobre los que se levantó Migrón y el movimiento pacifista Paz Ahora presentan una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. De nada valieron los artificios jurídicos de los habitantes de Migrón y del Gobierno. En enero del año 2008 y a los efectos de evitar un vergonzoso veredicto del alto tribunal, el gobierno se ve en la obligación de anunciar ante el juzgado que el asentamiento Migrón será desmantelado hasta fines de Agosto de este año.

 

Pero en Israel decisiones del gobierno no son ninguna garantía que se puedan llevar a la práctica. Las amenazas de violencia por parte de los pobladores de Cisjordania causan su efecto sobre Barak, ministro de defensa, quien trata de todas formas de encontrar una formula conciliatoria con estos pobladores. Ni pensar en hacer actuar las fuerzas del orden en contra de un grupo de transgresores de la ley como esta muy acostumbrado a hacerlo con el ensañamiento que los caracteriza con manifestantes judíos y palestinos en contra de la valla de separación que pasa por sus tierras. A los pobladores judíos de Cisjordania, claros infractores, hay que tratarlos con guantes de seda.

 

La fecha límite se acerca y no se vislumbra ninguna intención por parte de los habitantes de Migrón de aceptar alguna de las propuestas de Barak (básicamente que se trasladen a otros asentamientos de Cisjordania) ni de mover una maceta. Lo más probable es que en los próximos días seamos testigos de una vergonzosa escena en la cual el representante legal del ministro de defensa aparezca figurativamente arrodillado delante de la Corte Suprema de Justicia e implore ante los jueces por un nuevo aplazamiento de la fecha de desmantelamiento de Migrón.

 

El caso Migrón no es una anécdota aislada y esporádica cuyo efecto permanecerá solamente en la zona de Cisjordania y la famosa valla de separación va a impedir que contamine la sociedad israelí. Sin que presten la debida atención, se esta haciendo peligrar el destino de Israel como país democrático y de derecho.

 

Ojala me equivoque.

 

 

(1) “Informe sobre los asentamientos ilegales en Cisjordania”, Talia Sason, jurisconsulto del Ministerio de Justicia de Israel. Pag 105.

En una rápida lectura de los reportes de quienes acostumbran a exaltar y adular incondicionalmente a Israel es muy común encontrarse con la expresión: “Israel la única democracia en el medio oriente” Desconozco las calificaciones que asignaron los jueces internacionales en la última competencia regional de sistemas de gobierno, aunque se debe reconocer que el juego democrático, en general, es mas notable en Israel que en la mayoría de los países de la región.

De ahí a que Israel tenga derecho a ostentar el titulo honorífico de país democrático diría que le queda bastante por subsanar y enmendar si no nos comportamos como avestruz ante los serios defectos y carencias de su sistema de gobierno. En un artículo anterior ya hice referencia a la falta clara de división de poderes y el peligro que significa la carencia de una constitución que preserve y ampare los derechos básicos de toda la población, en especial, de los sectores más débiles y desprotegidos (1)

 

En este artículo nos referimos al poder prácticamente ilimitado y descontrolado de la cúpula profesional que rige el ministerio de finanzas en la fijación y reglamentación de la ley de presupuesto nacional. Para la percepción de una imagen clara de la situación, detallaré los avatares de la ley de promoción de “vivienda pública” desde su promulgación definitiva en el parlamento en el año 1999 hasta la fecha de hoy con sus indefinidas postergaciones y falta de aplicación.

 

Con la declaración de la independencia y en sus primeros años, el país recibe oleadas de inmigrantes (olim hadashim) caracterizados, en su mayoría, por una carencia general de medios. Esta especial situación crea la necesidad de encontrar soluciones inmediatas y uno de los problemas más críticos fue la vivienda. El Estado se volcó inmediatamente a un plan de construcción de viviendas sencillas, generalmente pequeños departamentos en grandes edificios.

Ante población sin medios económicos y con serios problemas de desempleo, estas viviendas fueron entregadas en alquiler por un importe simbólico y contratos de por vida, inclusive con posibilidades de heredar a los hijos. Este tipo de vivienda se lo reconoce bajo el nombre de “vivienda publica”.

 

Esta política de apoyo a los nuevos inmigrantes en materia de vivienda fue puesta en práctica en forma permanente como opción a todos aquellos que no disponían de medios propios para adquirir una vivienda de acuerdo a sus necesidades o propósitos. La aplicación del plan de estabilización del año 1985 fija el fin de esta política y el comienzo del distanciamiento del estado por cubrir las necesidades de la población débil y necesitada.  

 

Con el correr de los años parte de los residentes llegan a posiciones económicas que le permiten adquirir esas viviendas. De todas maneras, hacia fines de la década del 90 el gobierno permanecía con la propiedad de casi 100 mil viviendas alquiladas a precios simbólicos y con el compromiso de incurrir en grandes gastos de mantenimiento. Paralelamente, la paralización total del plan de construcción de nuevas viviendas públicas acumuló más de 50 mil familias sin ningún tipo de respuesta pese a estar en condiciones de recibir apoyo en materia de vivienda según los criterios de los servicios sociales.

 

Finalmente, en el año 1999 y bajo la iniciativa de Ran Cohen, miembro de la Knesset, se promulga la tan esperada “Ley de vivienda publica”. De acuerdo a esta nueva norma, las viviendas existentes serian adquiridas por sus inquilinos a un 15% del su valor real de mercado según tasación legal. Por su parte, el gobierno ahorraría el costo de mantenimiento que, junto con los ingresos de la venta, serian destinados a la construcción de nuevas viviendas para remediar, al menos en parte, la situación de las 50 mil familias que aun carecen de solución adecuada.

 

Para cualquier persona preocupada por el destino de sectores débiles de la sociedad se trata de un plan magistral. No para la plana mayor del ministerio de finanzas. Para estos altos funcionarios no interesa si se resuelve un problema social. Ellos vociferan a todas direcciones que la diferencia involucrada entre el precio de venta y la tasación representa un regalo colosal y descomunal que ningún presupuesto lo puede soportar.

 

A decir verdad este argumento del ministerio de finanzas no es más que un grandioso engaño y calumnia. Se trata mas bien de un ejercicio virtual pues en la practica no existe otra alternativa mas que la venta a sus actuales y de por vida inquilinos. No existe la posibilidad de vender a cualquier comprador potencial a precios de tasación. Todo eso sin tomar en cuenta los cuantiosos costos de mantenimiento que cada año van incrementándose en progresión geométrica.

 

Todos los esfuerzos de convencimiento por parte del personal del ministerio de finanzas no ayudó y la ley fue finalmente promulgada por mayoría de la Knesset.

 

Pero aquí no finalizan los esfuerzos de los funcionarios del ministerio de finanzas.

Ellos tienen superpoderes que les permiten doblegar muy fácilmente muchas de las iniciativas de los miembros del parlamento, inclusive aquellas transformadas en leyes. Cual es su contundente y terminante arma: la ley de “ordenamiento presupuestario”  (”jok hahesderim” en hebreo) que acompaña anualmente al proyecto de ley de presupuesto.

 

¿Que es la ley de “ordenamiento presupuestario”? Como su nombre lo indica, reglamenta la aplicación del presupuesto, pero también incluye la postergación de la aplicación de leyes que ya fueron democráticamente aprobadas y promulgadas por el poder legislativo. Los altos funcionarios del ministerio de finanzas, según sus criterios personales, deciden que ley que se aprobó en el congreso será aplicada y que ley su aplicación será postergada.

 

¿Que significa que esta ley acompaña a la ley de presupuesto nacional? Significa que su votación, tal como la ley de presupuesto, es considerada de confianza. Es decir, si no se aprueba hasta el 31 de marzo de cada año, el gobierno cae, probablemente se deba llamar a elecciones y en ese caso, es de suponer, gran parte de los actuales miembros del parlamento perderían sus escaños. Por lo tanto,  todo intento de rebelión de cualquier parlamentario, inclusive de la coalición gubernamental, se ve amenazado por la espada de Damocles de elecciones parlamentarias.

 

Ante tales condiciones básicas, anualmente se repiten las hábiles triquiñuelas de los funcionarios del ministerio de finanzas. Estos oscuros manejos están basados en el principio de dividir para gobernar por medio de migajas otorgadas a algunos parlamentarios para cubrir las necesidades de sus proyectos personales y así conseguir el apoyo de la ley de ordenamiento presupuestario que incluye prácticamente la desaparición cientos de otras leyes y programas ya aprobados y promulgados.  

 

Ese fue el destino de la “ley de vivienda pública”. Pese a ser aprobada por una amplia mayoría del parlamento en el año 1999, hasta el día de la fecha su aplicación fue postergada año tras año por iniciativa de la cúpula del ministerio de finanzas por medio de la “ley de ordenamiento presupuestario”.

 

Hay quienes comparan esta situación con los famosos “Decretos de emergencia económica” dictados en Argentina. Un aspecto común es el hecho que el poder ejecutivo toma decisiones de suma importancia por encima del poder legislativo.

El otro punto en común se refiere al origen de tal prerrogativa. En ambos casos se trata de herramientas que fueron otorgadas al ejecutivo en momentos de graves crisis económicas, aunque evidentemente, se puede decir que hoy en día esos momentos ya hace tiempo forman parte del pasado.

 

Pero hay una gran diferencia. En tanto que en Argentina se trata de una prerrogativa basada en iniciativas que toma el ejecutivo ante un poder legislativo complaciente, en Israel, en la práctica, el poder ejecutivo se toma la prerrogativa de prácticamente dejar sin efecto leyes promulgadas por la mayoría del poder legislativo.

 

No cabe duda que este fenómeno despide un desagradable aroma a despotismo económico. Si no se logra desalojarlo lo antes posible, la clara orientación de los altos funcionarios del ministerio de finanzas hacia un capitalismo feroz, nos permitirá ser testigos de la profundización de  los síntomas de desintegración de la base social en Israel.

 

Ojala me equivoque.

 

 

(1)   Una guerra no pronosticada. En esta página – 19-8-2007

 

   

Apenas concluyó la Segunda Guerra del Líbano, los analistas políticos y militares dieron un marco de altas posibilidades a los pronósticos que preveían una nueva guerra para el presente verano.

Efectivamente así fue; llegó el verano y se desató la guerra.

No, no estoy equivocado. Yo sé que Hesbollah no disparó ningún misil ni tampoco secuestró más soldados. El frente con los palestinos sigue al mismo ritmo de los últimos años y también los sirios, aunque con declaraciones ambiguas, están relativamente tranquilos.

¿De que guerra estoy hablando entonces? De la que desató el ministro de Justicia, Prof. Daniel Friedman contra el sistema judicial en general, y el Tribunal Supremo de Justicia, en especial.

A los pocos meses de entrar en funciones, el nuevo ministro tomó una serie de decisiones, cuyos objetivos básicos eran modificar drásticamente el funcionamiento, la posición y la importancia del poder judicial y del Tribunal Superior de Justicia dentro del sistema democrático de Israel.

Friedman, a diferencia de todo el resto del gabinete, fue designado personalmente por el primer ministro Olmert, y a igual que el ministro de Defensa, Ehud Barak, no es miembro de la Knésset. El Prof. Friedman carece de antecedentes políticos y fue nombrado ministro tras una serie de artículos donde expresó severas críticas en contra del denominado “activismo judicial” llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia bajo la conducción de su anterior Presidente, el juez Aharón Barak.

No entraré en los detalles de cada una de las batallas de esta guerra, ni de las estrategias, tácticas, ataques y defensas específicos. Eso demanda un amplio conocimiento del orden político, judicial e institucional que es muy difícil de detallar en pocas líneas.

Es muy generalizado catalogar a Israel como la única democracia en el Medio Oriente. Particularmente, considero a esa expresión más una consigna que la conclusión de un análisis serio, aunque es evidente que el juego democrático en Israel es más notorio que en los países vecinos. De todas maneras, toda referencia sobre el tema no puede dejar pasar por alto dos serias y significativas carencias en la denominada democracia israelí.

La primera se refiere a la falta de una total división clara de poderes. Ya es una costumbre que prácticamente todo el poder ejecutivo forma parte del poder legislativo. Enumerando ministros y vice-ministros, esta participación puede alcanzar casi un 30% del Parlamento. En otras palabras, se requiere movilizar muy pocos votos de diputados de la coalición – que no sean miembros del gobierno – para evitar que cualquier mosión de desconfianza en contra del mismo progese, o también para apoyar cualquier iniciativa gubernamental.

La segunda se refiere a que no existe una Constitución que proteja los derechos básicos de los habitantes. Sin entrar en detalles, vale mencionar que el motivo principal de la falta de una Carta Magna, se debe a un desacuerdo permanente con los sectores religiosos, los cuales no están dispuestos a aceptar que los principios básicos del orden institucional emanan de valores democráticos universalmente reconocidos y no de principios teológicos.

Ante la situación de un poder ejecutivo que de por sí representa el 30% del poder legislativo, y sin ninguna limitación basada en derechos universales, se podría llegar al absurdo de dictar leyes totalmente retrógradas, sin ninguna posibilidad de revocarlas.

Es justamente en ese vacío donde se situó el Tribunal Supremo de Justicia en los últimos veinte años. Bajo el lema de “activismo judicial”, llegó a crear un mecanismo de balance, mediante el cual se determina en forma estricta cuales son los límites de defensa de los derechos individuales que el poder central no puede pasar por alto. Este marco legal existente le permite, incluso, dejar sin efectos leyes o decisiones tomadas por el Gobierno si éstas, a su criterio, violan derechos básicos de ciudadanos o habitantes, o tratan de decisiones en clara discordancia con derechos universalmente reconocidos.

Esta posibilidad de defensa es accesible a cualquier ciudadano y es conocida con el nombre de Bagatz *

Los grandes avances de los últimos años en las relaciones – cada vez más íntimas – entre el poder central y los grandes capitales son de conocimiento público. Los políticos de los partidos mayoritarios, los altos jefes militares, los sectores allegados al poder, generalmente representados por renombrados abogados, no ven con mucho agrado este intervencionismo del Tribunal Supremo de Justicia. El ministro Daniel Friedman se propuso llevar adelante un programa para recortar sus alas, deteriorar su imagen actual y, en la práctica, limitar su efectividad.

No cabe duda que si el ministro de Justicia logra su objetivo, el Tribunal Supremo perderá su posición privilegiada de último baluarte de defensa de los derechos ciudadanos básicos. Desde ese momento, Israel ya no será el mismo que conocimos.

Nosotros, los argentinos, tenemos la ventaja de saber muy bien lo que representa un sistema judicial servil al poder central y a sus allegados, dándoles la espalda a los ciudadanos comunes. En Israel todavía no tomaron conciencia de la idea que esos juegos nos pueden arrastrar a catástrofes sociales que pueden desmoronar al país.

Ojala me equivoque…

* Bagatz: siglas en hebreo de Tibunal Supremo de Justicia.

 

Fuente: Daniel Kupervaser

19/08/2007

El día 13 de Enero de 2007, Shai Dromi, ganadero y dueño de una granja de ovejas en sur del país, se despertó a las 3 de la mañana y escucho a extraños tratando de robarle su ganado. Sin dudar mucho y tras una prolongada experiencia de robos en su granja,  tomó un arma de fuego y disparó sobre los ladrones. Dos ladrones consiguieron huir, uno quedó herido y el cuarto, Jaled El Atrash muere como consecuencia de los disparos.

 

De acuerdo a la ley vigente la policía interviene e investiga el caso. La conclusión fue clara y precisa. Desde el momento en que no peligraba la vida del propio Shai Dromi, le estaba prohibido disparar con arma de fuego. Se lo acusó de causar la muerte de Jaled El Atrash e inmediatamente comienza el juicio penal correspondiente. El juicio sigue en estos días su trámite normal y se está a la espera de la sentencia y posible penalización.

 

El hecho en si llama la atención y esta siendo monitoreado por todos los medios de comunicación. En particular es interesante detallar algunas de las respuestas de distintos sectores de la sociedad.

 

Los sectores cercanos al movimiento de los moshavim, agricultores y residentes del sur presionaron para evitar la iniciación del juicio o demandan que sea declarado inocente de toda culpa y cargo debido a que actuó, en sus opiniones,  en defensa propia.

 

Sectores ligados a la extrema derecha fueron más contundentes en sus demandas ya que consideran a Shai Dromi como héroe  que mató a un beduino que le vino a robar y a los jueces como pro-árabes y colaboracionistas con el enemigo.

 

La respuesta mas preocupante proviene de un grupo de miembros del parlamento que propone promulgar una nueva ley que modifica las situaciones en las cuales esta permitido hacer uso de arma de fuego en defensa propia. Según la nueva ley, será motivo suficiente para hacer uso de arma de fuego cuando no solo la vida esté en peligro, sino también los bienes. Con algunas limitaciones, como por ejemplo aviso previo, que no siempre se escucha, a cualquier persona que disponga de arma de fuego con permiso de tenencia – muy fácil de conseguir – podrá abrir fuego ante cualquiera que lo considere sospechoso de ladrón dentro de su propiedad. 

 

Como vemos, la preponderancia de la fuerza y una aspiración inherente a privatizar todo se sobreponen a todo análisis racional de los hechos y adopción de soluciones apropiadas a un sistema institucional basado en la igualdad de posibilidades para todos. Qué más adecuado que intensificar la actividad de la policía en defensa de los derechos de los habitantes, vivan donde vivan,  sea quien sea y cueste lo que cueste.  

 

De ahora en más, de acuerdo a la nueva ley, el Estado no se responsabiliza más por garantizar la propiedad de nuestros bienes. Quienes dispongan de medios podrán adquirir un arsenal de armas de fuego y este será el mejor medio de cuidar el patrimonio. Por si esto no alcanza, otro proyecto de ley permitirá a particulares “alquilar” servicios de policía oficial.

 

Es de esperar que la violencia, en vez de decaer, crezca en progresión geométrica, tal como ocurrió con la distribución masiva de armas de fuego a la población civil y pseudos guardias durante la última intifada con la nefasta consecuencia de cientos de  víctimas inocentes – fundamentalmente mujeres – y contados casos que evitaron actos terroristas.

 

Si no detenemos a tiempo la promulgación de esta ley, sepamos que estamos sacando otro par de ladrillos mas en la demolición de nuestro orden institucional basado en una mínima igualdad de posibilidades. Democracia sin igualdad de posibilidades básicas no tiene ningún sentido.  

 

Tan solo pensemos en la posibilidad que nuestros hijos o nietos, saltando la valla para buscar la pelota que fue a parar inocentemente al patio del vecino, puedan volver con un tiro en la cabeza. Lo más probable que el resto de nuestra vida la pasemos llorando a lado de su tumba en tanto que los vecinos, con la ayuda de esta ley y abogados hábiles, continúen su vida normalmente.

 

Ojala me equivoque. 

 

Daniel Kupervaser  25-7-07