Rebobinemos el pasado, Abril de 2002, en una colina a una altura de 748 metros por sobre el nivel del mar, a unos 12 kilómetros al norte de Jerusalén, con una hermosa vista panorámica a la capital de Israel hacia el sur y al valle del río Jordán hacia el oriente. El paraíso en el centro de Cisjordania.

Los acontecimientos que se sucederán sobre esa colina desde esa fecha en más son un claro reflejo y ejemplo del desmoronamiento del orden institucional democrático y de derecho de Israel, especialmente en la zona de Cisjordania.

Un coronel de tzahal, el ejercito de Israel, comandante de la brigada con control de la zona, declara: ” Migrón aparece en la zona unos días antes del operativo “La Valla de Defensa” en el mes de Abril 2002. En principio, se presentó una solicitud (por parte de pobladores judíos de Cisjordania, DK)  para erigir una antena de telefonía celular sobre la cima de la colina. Estamos hablando del período de terribles atentados criminales en todo el país. Tzahal no podía refutar tal solicitud cuyo objetivo es mejorar las comunicaciones civiles en la zona, en especial en situaciones de emergencia por atentados con victimas, y, todo eso, a pesar que el terreno de que se mencionaba en la solicitud era de propiedad palestina privada. En el lugar se instalaron 5 casas rodantes para cuidar la antena y así se comienza a poblar el asentamiento Migrón” (1)

Estamos delante de una de las constancias claras de cómo un alto mando expone en forma detallada y precisa la manera cómo el ejército de Israel esta subyugado a los pobladores judíos de los asentamientos de Cisjordania en llevar a la práctica sus planes de apropiación máxima de tierras palestinas.

A fines de la guerra de los 6 días en el año 1967, Israel declaró a los territorios de Cisjordania bajo su control militar. Ante tal situación, el comandante militar local es la máxima autoridad y su función se restringe única y exclusivamente al control del orden público y protección de toda la población de manera que permita una actividad normal. Le esta expresamente prohibido actuar directa o indirectamente para provocar emigración o inmigración de población de todo tipo. Por más que todos los gobiernos de Israel no lo quisieron reconocer, así como lo reconoce la gran mayoría de los países del mundo, entre ellos Estados Unidos de América, los asentamientos judíos en Cisjordania son una clara vulneración de las normas internacionales del caso.

Si la situación general de seguridad en la zona es preocupante y existen serias limitaciones de comunicaciones, la responsabilidad de solucionar esos problemas cae sobre la misma autoridad militar quien debe dar soluciones a toda la población y no a una parte de ella.  Si el origen de la actividad subversiva se la puede relacionar a sectores determinados de la población, esta autoridad debe actuar con toda su fuerza en contra de ellos. El hecho de aprovechar la oportunidad para que un sector usurpe tierras del otro bajo su protección no es mas que una coartada de sus verdaderas intenciones, esta totalmente alejado de todo móvil de orden y seguridad y no es mas que una seria trasgresión de la misión que le fue otorgada.

Pero la tragedia de Migrón no baja el telón con este Coronel que se tapa un ojo para no ver lo que esta sucediendo en la famosa colina y guiña el otro aprobando los hechos con su silencio y pasividad. Los pobladores de Migrón, junto con las instituciones de colonización judía que actúan en Cisjordania, tienen sometidos no solo al ejército sino también a una amplia gama de funcionarios gubernamentales importantes, especialmente aquellos que controlan cuantiosos presupuestos.

Pese a tratarse de una poblado inexistente legalmente, que el gobierno no tomó ninguna decisión al respecto, que en su mayoría fue levantado sobre tierras palestinas privadas y usurpadas de sus legítimos dueños, los ministerios y oficinas publicas comenzaron a derramar presupuestos que cualquier otra población sueña con recibir al menos una parte.

Carretera asfaltada de la empresa nacional de caminos, edificios públicos del ministerio de obras públicas, puestos de guardia del ejército, agua de Mekorot (empresa nacional de agua), electricidad de la empresa nacional de electricidad, teléfonos de Bezeq (empresa nacional de teléfonos), etc, etc. Hoy en día habitan Migrón 54 familias con más de 100 niños. Un poco más de 200 habitantes.

Ante la presión de los americanos, hacia fines del año 2004, el Primer Ministro Sharon nombra a Talia Sason, jurisconsulto del Ministerio de Justicia de Israel, para que investigue y redacte un informe sobre  los asentamientos judíos considerados ilegales en Cisjordania. La investigación concluye en el año 2005 y se elabora un informe que expone en forma clara todas las artimañas y subterfugios que los pobladores e instituciones de los asentamientos judíos de Cisjordania hacían gala. De la misma manera, se hace pública la colaboración de  muchas de las instituciones oficiales y ministros en transgredir leyes y llevar adelante planes por detrás de decisiones gubernamentales o instrucciones de los organismos pertinentes.

Aquí llegamos al momento en que la tragedia se convierte en sainete. El gobierno de Israel promete a los americanos que va a desmantelar todas las poblaciones ilegales en Cisjordania, entre ellas Migrón, la más simbólica. Pero nuestros dirigentes políticos apenas regresan de su viaje por América se dan cuenta que no son capaces de mover un solo ladrillo. Repentinamente la realidad les da una cachetada y les muestra su impotencia de actuar y hasta cuanto están cautivos y dominados por la población judía de Cisjordania. En este sentido no hay diferencia de partidos políticos. Los hay quienes demuestran su publico apoyo y hasta aquellos que su tartamudeo político lo único que demuestra es impotencia e incapacidad.

La trama se complica severamente cuando en septiembre del año 2006 los propietarios palestinos de parte de los terrenos sobre los que se levantó Migrón y el movimiento pacifista Paz Ahora presentan una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. De nada valieron los artificios jurídicos de los habitantes de Migrón y del Gobierno. En enero del año 2008 y a los efectos de evitar un vergonzoso veredicto del alto tribunal, el gobierno se ve en la obligación de anunciar ante el juzgado que el asentamiento Migrón será desmantelado hasta fines de Agosto de este año.

Pero en Israel decisiones del gobierno no son ninguna garantía que se puedan llevar a la práctica. Las amenazas de violencia por parte de los pobladores de Cisjordania causan su efecto sobre Barak, ministro de defensa, quien trata de todas formas de encontrar una formula conciliatoria con estos pobladores. Ni pensar en hacer actuar las fuerzas del orden en contra de un grupo de transgresores de la ley como esta muy acostumbrado a hacerlo con el ensañamiento que los caracteriza con manifestantes judíos y palestinos en contra de la valla de separación que pasa por sus tierras. A los pobladores judíos de Cisjordania, claros infractores, hay que tratarlos con guantes de seda.

La fecha límite se acerca y no se vislumbra ninguna intención por parte de los habitantes de Migrón de aceptar alguna de las propuestas de Barak (básicamente que se trasladen a otros asentamientos de Cisjordania) ni de mover una maceta. Lo más probable es que en los próximos días seamos testigos de una vergonzosa escena en la cual el representante legal del ministro de defensa aparezca figurativamente arrodillado delante de la Corte Suprema de Justicia e implore ante los jueces por un nuevo aplazamiento de la fecha de desmantelamiento de Migrón.

El caso Migrón no es una anécdota aislada y esporádica cuyo efecto permanecerá solamente en la zona de Cisjordania y la famosa valla de separación va a impedir que contamine la sociedad israelí. Sin que presten la debida atención, se esta haciendo peligrar el destino de Israel como país democrático y de derecho.

Ojala me equivoque.

(1) “Informe sobre los asentamientos ilegales en Cisjordania”, Talia Sason, jurisconsulto del Ministerio de Justicia de Israel. Pag 105.

La construcción de la valla de separación, lo mismo que la desconexión de Gaza, fue una clara demostración de la arraigada concepción de la imposición unilateral de soluciones basada en una soberbia y sobreestimación propia junto con un claro menosprecio y burla hacia los rivales.

El proyecto que la opinión pública impuso al poder central para solucionar el grave problema de los atentados durante la segunda intifada fue vilmente utilizado por el poder ilimitado de la plana mayor del ministerio de defensa. El objetivo original de impedir el paso de terroristas fue delegado a segundo plano dando la primacía a la defensa de oscuros intereses territoriales de los pobladores judíos de Cisjordania para usurpar más tierras, esta vez bajo el pretexto de seguridad.

De nada valió la opinión contraria de muchos expertos militares que demostraron claramente que se trata de una grosera apropiación de tierras palestinas que no tiene nada que ver con argumentos de seguridad. De nada valió la decisión de la Corte Internacional de La Haya que dictaminó que la valla en territorio palestino es ilegal y debe ser desmantelada inmediatamente. De nada valió la protesta de  sectores de la sociedad israelí junto con pobladores palestinos cuyas tierras fueron confiscadas o desconectadas de manera que su aprovechamiento se hizo imposible.

Como es normal en su forma de actuar, la plana mayor del ministerio de defensa israelí se fue directamente a las topadoras y comenzó a nivelar terrenos, limpiar campos cultivados, tirar abajo árboles frutales, con una desconsideración total de la población afectada y derramando presupuestos millonarios en inmensos bloques de cemento y punzantes alambrados de púa cuyo destino final no es otro mas que la basura.

Los pobladores palestinos afectados se vieron en la necesidad de recurrir al último bastión en defensa de sus intereses básicos: la justicia israelí. Para suerte de estos pobladores, en muchos tramos la construcción de la valla se basó en fundamentos tan ajenos a intereses de seguridad que la justicia dictaminó una y otra vez la necesidad de demoler la valla ya construida y programarla sobre bases de seguridad lo que implicaba generalmente desplazarla hacia el oeste y acercándose a la línea del limite original del 4 de junio de 1967.

Las últimas dos semanas fuimos testigos de dos decisiones importantes en el marco de la justicia israelí. Un año atrás, y tras una larga batalla judicial de los pobladores de la aldea palestina Bilhin, la Corte Suprema de Justicia fijó que el tramo elegido por las autoridades israelíes es ilegal y ordenó que en un plazo razonable presenten una alternativa menos perjudicial a los pobladores palestinos y, además, que pase por tierras estatales sin necesidad de confiscar tierras privadas. Pasado un año, y ante la inoperancia oficial, los pobladores presentaron una nueva demanda. Esta vez, ante una actitud de desentendimiento por parte del representante legal del ministerio de seguridad, la Presidenta de la Corte  Suprema de Justicia fue muy tajante en su respuesta amenazando con culpar al gobierno de incumplimiento de decisiones judiciales y otorgándole al gobierno tan solo 45 días para programar un itinerario alternativo a la valla de separación en esa zona con una extensión cerca de 5 kilómetros.

Tal vez la decisión más importante fue tomada dos semanas atrás. Se trata de una demanda similar, esta vez por parte de pobladores de aldeas palestinas cercanas a la ciudad árabe de Kalkilya y lindantes con la población judía de Tzofin. A diferencia del caso anterior, en esta oportunidad fue el representante legal del ministerio de defensa quien informó a la justicia que repentinamente modificaban sus argumentos y que no existían razones de seguridad para mantener la valla en su itinerario original y que programaban desmantelar y trasladar un tramo de 2,4 kilómetros de manera que devolverían a los pobladores palestinos 260 hectáreas previamente confiscadas.

Por cierto, nadie del ministerio de defensa es capaz de mencionar quién toma la responsabilidad de los 50 millones de shekels que se tiran a la cantarilla en este fallido simulacro de tan solo 2,4 kilómetros, como de los tantos cientos de millones de otros casos que evitamos mencionar por cuestiones de espacio.  

¿A qué se debió ese cambio repentino en la posición del ministerio de defensa?  ¿Algún abogado zurdo y vendido a los árabes esta infiltrado en el ministerio de defensa? NO ¿Algún periodista del diario de izquierda Haaretz influenció sobre el ministro de defensa? NO.  Entonces ¿cuál fue el motivo?  El motivo fue nada más y nada menos que la decisión del Teniente General Ashkenazi, Comandante en Jefe del Ejército. El General Ashkenazi opinó que la fijación del itinerario de la valla de separación es una prerrogativa exclusiva de los niveles políticos y del gobierno y que tzahal y sus generales no tienen que intervenir en ese asunto. En otras palabras, se terminó el mentiroso argumento de seguridad. No cabe duda que esta decisión se proyectara decisivamente en los otros casos judiciales aun abiertos sobre otros tramos de la valla de separación.

Vale la pena mencionar mi posición clara respecto de la valla de separación. Israel está en todo su derecho soberano, inclusive tiene la obligación, de construir una valla de separación si los altos mandos lo consideran como el medio apropiado para evitar la infiltración de terroristas palestinos. Este indiscutible derecho solo es posible si la valla se construye sobre su límite territorial. El intento de cubrir con necesidades de seguridad las ocultas intenciones de apropiarse de tierras palestinas es injustificable e inaceptable.

Para quien tiene claro las alternativas del desarrollo futuro del conflicto en nuestra zona sabe que el destino de la valla de separación que pasa por tierras palestinas es desaparecer. Simplemente caer.

Si se lleva a la práctica el plan de dos países para dos pueblos, ello significará que la línea verde (limites del 4 de junio de 1967) será el limite de Israel y el único lugar posible donde podrá construirse la valla.

Si el plan anterior fracasa, la única alternativa posible será el de una sola nación para los dos pueblos. Pese a que en un principio la fuerza militar le permitirá a Israel controlar la situación, a la larga, la cuestión demográfica determinará la desaparición total de Israel como país democrático y judío. En este caso toda la valla no tendrá su sentido de existencia y desaparecerá.  

Lamentablemente, la relación actual de fuerzas en Israel la mueven permanente e incesantemente en esta última dirección.

Ojala me equivoque.