El aparente traspié diplomático argentino en el acto de reasunción del presidente de Nicaragua es un ejemplo típico de las peculiares relaciones del liderazgo político argentino frente al de la colectividad judía local ante sucesos antisemitas, expresiones de apoyo a posiciones antisemitas o que directamente inquietan a las instituciones judías.
Como se sabe, al acto de toma de mando de Daniel Ortega por un nuevo periodo presidencial en Nicaragua contó con la presencia de una discutida personalidad iraní. Se trata nada menos que de Mohsen Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol ya que está acusado por la justicia argentina de ser uno de los autores intelectuales del atentado de AMIA en Buenos Aires.
En el mismo acto hizo presencia en representación de Argentina, su embajador en Nicaragua, Daniel Capitanich quien no dio ninguna señal de incomodidad política ante tales circunstancias.
La réplica del liderazgo judío en Argentina no se hizo esperar. En una carta de protesta dirigida al canciller Santiago Cafiero, la cúpula de la entidad política de la comunidad judía expresó su rechazo. “Nuestro más absoluto repudio a la conducta del embajador de nuestro país en Nicaragua, Daniel Capitanich, quien no solo no previó la presencia de Mohsen Rezai, uno de los principales acusados por la justicia argentina de haber sido partícipe del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA-DAIA, en el acto de reasunción del presidente de ese país, Daniel Ortega, sino que tampoco se retiró del lugar”
Posteriormente agregan en tono asertivo: “No sólo la Cancillería argentina no elevó ninguna queja ni solicitó al gobierno nicaragüense que active los mecanismos para que Interpol proceda a la detención de Rezai, sino que el Embajador argentino compartió el acto y ni siquiera se pronunció al respecto. Al mismo tiempo, es inaceptable que Capitanich alegue desconocimiento sobre los antecedentes criminales del Vicepresidente de Asuntos Económicos iraní sospechado de haber sido uno de los principales responsable del asesinato de 85 personas en suelo argentino”.
Ante este contundente reclamo de la dirección comunitaria judía local, más bien después que partió el tren de la estación, la Cancillería argentina envió una carta de queja a la Embajada de Nicaragua en Buenos Aires. En los términos de la misiva se acentúa que, “Los hechos que se le imputan al Sr. Rezai constituyen un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional consuetudinario, razón por la cual, su presencia en la ciudad de Managua, aun cuando sea en su carácter de Vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, no lo exime de responder ante la Justicia argentina, lo que nos obliga a expresar nuestro enérgico reclamo”.
Este acontecimiento contiene todos los componentes clásicos que caracterizan la relación de quien se asume como la representación política de la colectividad judía argentina frente al liderazgo político local y con la sociedad argentina en general. Si DAIA no hubiese replicado enérgicamente, la situación insólita que se vivió en Nicaragua muy probablemente hubiese pasado totalmente desapercibida para el gobierno argentino.
Ante periódicos actos de carácter antisemita o, que de alguna manera indignan al liderazgo de la colectividad judía argentina, la cúpula política argentina enfrenta una realidad compleja que la obliga a fluctuar entre dos corrientes significativamente opuestas.
Por un lado, tienen claro que la conducta de quien asume la representación política de la comunidad judía argentina proyecta una imagen tal que para la mayoría de los argentinos este grupo étnico no es mas que un cuerpo extraño enfocado principalmente en intereses foráneos. Una elocuente falta de simpatía generalizada se puede apreciar en el informe de DAIA del Antisemitismo en Argentina de 2018. Según este documento, el 68% de la población local sostiene que judíos argentinos son más leales a Israel que a la Argentina. Como se sabe, según la definición de antisemitismo que tanto promociona DAIA para ser adoptada por instituciones argentinas, esa posición de la mayoría argentina debería ser catalogada como antisemitismo. Como consecuencia, se puede apreciar en la conducta del liderazgo político argentino una relativa indiferencia o falta de preocupación para enfrentar de forma programada, insistente y sin compromisos a estos actos que tanto inquietan a DAIA.
Sin embargo, como lo demuestra el incidente en Nicaragua, ninguna queja de DAIA puede quedar en la nada, y por lo tanto demanda una respuesta inmediata, generalmente promesas con poco contenido práctico. El objetivo central es apaciguar los ánimos. Esta actitud no emana de un esquema sistematizado de lucha contra el antisemitismo, sino por estimar que una actitud indolente en estos casos necesariamente podría tensar las relaciones con la cúpula judía, lo que podría producir un daño futuro a los intereses argentinos, especialmente en el exterior. La mayoría de los gobiernos argentinos de las dos últimas décadas demostraron en sus viajes a USA la conveniencia de combinar en esa oportunidad un encuentro con dirigentes judíos de ese país.
Estas son, en general, las reglas de juego entre el liderazgo político argentino y el de la colectividad judía en Argentina. Un pueblo en el que cada día se propaga más la aversión hacia Israel, los judíos y las instituciones judías, de manera que se crea un terreno fértil para el surgimiento de ataques vandálicos y verbales contra los judíos. La DAIA y otras instituciones levantan la voz de protesta y exigen soluciones, mientras que el gobierno no enfrenta decididamente este proceso, sino que prefiere “apagar incendios” y calmar a la colectividad judía con declaraciones evasivas.
Ojalá me equivoque
Daniel Kupervaser
Herzlya – Israel 13-1-2022
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@KupervaserD