En todos los cursos de Educación Democrática nos enseñaron las reglas básicas que rigen el comportamiento del juego político en una democracia. Durante las campañas proselitistas, previas a las elecciones, los diferentes partidos exponen sus plataformas políticas, donde detallan sus respectivos programas de gobierno en las diferentes áreas.
Si tal o cual partido gana las elecciones y forma el Ejecutivo, su dirigencia debería, supuestamente, tomar decisiones basadas en la plataforma que lo llevó al poder. Asímismo, cabe esperar que los gobernantes asuman la responsabilidad directa sobre sus decisiones y se enfrenten al veredicto de la opinión pública y del electorado en los próximos comicios.
En teoría no hay motivos por los cuales el sistema no pueda funcionar de acuerdo a estas reglas. Pero en Israel, en la práctica, los procesos son un poco más complicados y confusos y, consecuentemente, los resultados suelen ser totalmente imposibles de predecir.
La política de aranceles universitarios, en la última década, es un buen ejemplo de ello.
En 1998, con Bibi Netanyahu como Primer Ministro e Itzjak Levy, del Partido Religioso Nacional, como ministro de Educación, las distintas agrupaciones estudiantiles pusieron en práctica un amplio plan de protestas, incluyendo violentas manifestaciones y una huelga de hambre, con el objetivo de reducir drásticamente los aranceles. Esa contienda culminó con una confusa promesa de Netanyahu de constituir una comisión que investigue y aporte soluciones al problema. Muchos todavía recuerdan la grotesca fotografía del fin de ese enfrentamiento cuando los jóvenes huelguistas hambrientos capitularon ante una suculenta pizza que les ofreció gentilmente la esposa de Bibi, Sara Netanyahu.
Sin que se haya formado ninguna comisión, Netanyahu perdió las elecciones ante Ehud Barak, quien prometió en su campaña electoral una reducción drástica de los aranceles.
El nuevo Gobierno, con Yossi Sarid del partido Meretz como ministro de Educación, nombró en mayo del 2000 una comisión presidida por el juez Elihau Winograd – el mismo que preside actualmente la comisión que investiga la Segunda Guerra del Líbano – con el objetivo de analizar básicamente el problema y fijar una disminución en los costos de estudios académicos.
A los pocos meses, la comisión expidió un informe que recomendaba la reducción de los aranceles en un 50%, gradualmente, durante 5 años.
Es importante recalcar que el Gobierno de Barak puso en práctica rápidamente estas sugerencias. Ya en el presupuesto del 2001 se aplicó una reducción del 14%. En 2002, con Ariel Sharón como Primer Ministro y Limor Livnat, del partido Likud, como ministra de Educación, la segunda Intifada y la recesión económica que trajo aparejada, dificultaron la continuidad en la aplicación de dicho informe. De todas maneras, el Ejecutivo concedió una nueva reducción, pero sólo del 3% en lugar del 7% previsto. Desde 2003 hasta hoy, se canceló definitivamente la aplicación del informe Winograd.
A principios de este año, con Ehud Olmert como Primer Ministro y Yuli Tamir, del partido Avodá, como ministra de Educación, fue nombrada una nueva comisión para investigar el tema, esta vez presidida por el ex ministro de Finanzas, Avraham (Baiga) Shojat, miembro veterano del laborismo.
La Comisión Shojat presentó su informe en julio. Sus conclusiones incluyen una drástica alza del arancel anual – aproximadamente de un 70% – aunque recomendó una ayuda significativa con un amplio sistema de financiación. De acuerdo al plan de pagos propuesto, los estudiantes pagarían un importe menor durante los estudios, pero se comprometerían a abonar la diferencia una vez finalizado los mismos y pasando a formar parte del sistema laboral.
Las agrupaciones estudiantiles expresaron su rotunda oposición a tales sugerencias y prometieron regresar a las contiendas callejeras a fin de impedir ponerlas en práctica.
De acuerdo a los programas originales, el informe de la Comisión Shojat debería ser debatido y aprobado por el Gobierno en las próximas semanas. No sólo la urgencia del desequilibrio financiero que viven las instituciones académicas en Israel así lo demanda, sino también, la cercanía de las discusiones del nuevo presupuesto para el 2008.
Según informaron fuentes cercanas al Gobierno y la oficina del Primer Ministro, tales discusiones fueron pospuestas hasta febrero del año próximo. Esta decisión, unida a una serie de informaciones no oficiales, indican que el destino del informe, aparentemente, no será distinto de los demás, y recibirá una honorable sepultura en un lujoso estante de algún archivo oficial.
Valiéndome del ejemplo de los aranceles universitarios, trataré de recalcar algunos aspectos relacionados a la temática de gobernar, decidir y tomar responsabilidades.
1. La presentación pública de plataformas ideológicas y políticas, y una clara promesa de su aplicación, previas a una elección, se convirtieron en los últimos años en una herramienta peligrosa. Los asesores políticos y de imagen convencieron a los dirigentes que la ambigüedad, la falta de claridad, y, de ser posible, el silencio político, son los elementos más valiosos para que un programa político garantice el éxito en las elecciones. Sharón, en 2001 y 2005, Olmert en 2006 y Barak en las elecciones internas del laborismo hace unos meses, son un claro ejemplo de esa conducta. No creo equivocarme mucho si afirmo que esta “enfermedad democrática” atacó también a ciertos prominentes candidatos en las próximas elecciones presidenciales en Argentina.
2. Una vez que los políticos logran la ansiada cartera ministerial, carecen de fuerza, poder, valentía y coraje para tomar decisiones y poner en práctica una política acorde con sus visiones ideológicas y políticas. El camino más fácil para resolver álgidos problemas es el nombramiento de una “comisión asesora o investigadora”, que en pocos casos aporta un informe, y en la mayoría sólo sirve para posponer el tema indefinidamente.
3. Los informes de las comisiones se convierten en el centro de la programación política, haciendo desaparecer a aquellas que figuran en las plataformas ideológicas de los diferentes partidos. De tal manera, la responsabilidad personal del ministro de turno, desaparece.
4. En la práctica reinan las políticas a corto plazo, basadas en soluciones parciales que reflejan el tire y afloje de las coaliciones gubernamentales sin ningún tipo de programación más visionaria y prolongada. Puedo resumirlo tomando el ejemplo de los aranceles universitarios: durante la década 1998-2007, en la práctica, se aplicó una política declarada y programada sólo en 2001. En los nueve años restantes se optó por la inercia y la alternativa del “parche temporal”.
Si no se logra desarrollar una política coherente y persistente en todo lo referente a los aranceles universitarios y presupuestos de las universidades, en muy corto plazo la ajustada situación financiera de dichas instituciones y la conocida fuga de cerebros científicos se convertirán en una verdadera catástrofe nacional.
Ojalá me equivoque…